Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa guía anual 2023 Global Investigations Review, la GIR 100. GIR comenta que Diaz Reus se ha labrado un nicho en el manejo de casos de alto perfil de lavado de dinero, corrupción pública y sanciones relacionados con América Latina.
Comentarios del GIR: Díaz Reus ha trabajado en algunos casos destacados de blanqueo de capitales y corrupción pública en América Latina, incluida la representación de un banco en una operación encubierta de la Drug Enforcement Administration. El bufete también ha representado a clientes en Rusia, China y América Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de EE.UU. por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violación de sanciones.
El bufete tiene una intensa actividad asesorando a muchos empresarios de alto perfil de América Latina que se enfrentan a investigaciones estadounidenses por blanqueo de capitales centradas en delitos como la evasión de sanciones, el soborno en el extranjero y el tráfico de drogas. Díaz Reus también colabora regularmente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y con el Departamento de Estado en nombre de empresas extranjeras que se enfrentan a espinosos problemas de sanciones estadounidenses.
Díaz Reus ha obtenido numerosos trabajos asesorando a personas implicadas en investigaciones estadounidenses sobre corrupción en la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El bufete asesoró a Edoardo Orsoni, antiguo consejero general de PDVSA, que se declaró culpable por su papel en un esquema de sobornos, según informó anteriormente GIR. En abril de 2021, Orsoni fue condenado a tres años de libertad condicional, evitando así la cárcel.
Dias Reus también representó a Héctor Núñez Troyano, un ex funcionario de PDVSA que se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de participar en un esquema de sobornos que involucraba a la empresa de asfalto Sargeant Marine, con sede en Florida, informó GIR en 2020. En 2020, la empresa llegó a un acuerdo con el DOJ y acordó pagar 16,6 millones de dólares para resolver los cargos. Los fiscales estadounidenses acusaron a Núñez, junto con varios otros funcionarios de PDVSA, de recibir sobornos de los ejecutivos de Sargeant Marine.
La firma representó al ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade, mientras coopera con el DOJ en un caso presentado contra su sucesora, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa. La pareja fue declarada culpable en diciembre de 2022 de aceptar millones en sobornos y mover el dinero a través de Florida.
Además de asesorar a particulares en algunas de las mayores investigaciones de corrupción del Departamento de Justicia, el bufete está ayudando a gobiernos latinoamericanos afectados y a entidades estatales a recuperar activos perdidos.
Díaz Reus fue contratado por la administración de Juan Guaidó para localizar e incautar activos supuestamente robados al gobierno venezolano, y asegurar la restitución en casos de soborno extranjero presentados contra ex funcionarios del gobierno bajo los regímenes del difunto presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro.
