Finalmente, el juez Griesa determinó que Argentina se rebeló contra lo dispuesto por la justicia de USA, y ayer por la tarde la declaró en desacato. El mercado se lo veía venir, pero aún así, reina la incertidumbre respecto de lo que pueda pasar ahora y de las consecuencias de dicha decisión. Entrevistamos al Dr. Pablo Giancaterino, abogado representante de bonistas en Nueva York, del Estudio Díaz Reus Argentina.
¿Qué piensa al respecto?
Giancaterino: Es sólo una consecuencia más. Un análisis acertado debe partir de las decisiones judiciales del 2003 a la fecha y no sólo 2012 en adelante. Estados Unidos fue el primero en apoyar al país ante el Fondo Monetario Internacional, luego del default 2001. A su turno, la SEC autorizó todos los canjes, pese a las estadísticas del INDEC en los prospectos. La respuesta argentina frente a esta posición fue sancionar la Ley cerrojo, y prohibir durante 10 años cualquier solución judicial.
El problema de base es local, fue y será siempre el mismo: la falta de regulación y control del “mercado de las negociaciones de la deuda externa en el país”. Así funciona sin cambios, desde el origen.
En este estado de situación asume el Ministro, Axel Kiciloff, pero ya sin margen de maniobra. No es criticable la lucha contra la especulación, por el contrario es el cambio. La predisposición de los acreedores genuinos sigue siendo una negociación que tome como punto de partida ambas legislaciones. La especulación y ambición política supera en este momento cualquier buena intención.
¿Esto cambia en algo las cosas, puntualmente, la coyuntura económica?
Giancaterino: Es un eslabón más que suma a la crisis de confianza, y genera que el inversor extranjero analice con más detenimiento y cautela otras áreas de gobierno al momento de la inversión. Con mayor énfasis en el cumplimiento de la SEC, y una legislación local o nacional, que no sea susceptible de impugnación posterior a la inversión.
¿Cree que es justo?
Giancaterino: Me parece desatinado e innecesario atacar al Sistema Judicial y el Gobierno Federal de Estados Unidos. El reconocimiento de jurisdicción en la Corte Federal del Juez Thomas Griesa fue voluntario para Argentina, sucedió en 2002, y luego de sancionada la Ley de emergencia económica.
Argentina no sólo que no repudió la jurisdicción, por contrato en el Estado de New York, sino que aceptó voluntariamente la Federal. Luego, desde el Ministerio, recomendaron este tribunal a todos los acreedores genuinos que llevaron su reclamo hasta el Ministerio. A su turno, la Corte Suprema argentina cometió el mismo error en su fallo sobre el pari passu.
Existiendo acreedores genuinos, la estrategia en la Corte, en la ONU o cualquier foro internacional, esta destinada al fracaso. Si la República hubiera atendido los reclamos genuinos, seguramente la posición política actual en materia de deuda nos identificaría más con el caso de Islandia, que con el incumplimiento del Congo.
