Por Hilel E. Silvera Tawil, miembro de Alianza DRT (DRT Alliance) en México.
La iniciativa de reforma al Poder Judicial en México presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024, contempla cambios significativos en el sistema de impartición de justicia a nivel federal y estatal.
En primer lugar, es menester recordar que, bajo el esquema vigente, regido por la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, se establecieron nuevas reglas fundamentadas en un sistema meritocrático e igualitario. En dicho contexto, las personas son seleccionadas con base en un análisis crítico de sus conocimientos, competencias y capacidades. Hoy en día, existen concursos y cursos obligatorios para asegurar que los cargos de magistradas, magistrados, juezas o jueces sean ocupados por personas con el nivel de aptitud requerido, evitando así criterios subjetivos de selección.
Por el contrario, la reforma propuesta sugiere que la elección de las personas que deben ocupar los cargos de mayor relevancia jerárquica en el sistema judicial de nuestro país, se realice mediante voto popular y esta reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México. En este contexto, desaparecerían los concursos de oposición, lo cual podría comprometer la legitimidad de la función judicial y llevar a decisiones ineficaces que no resolverían los problemas de manera efectiva.
