Latin Counsel – Por John Foster.
Los consumidores estadounidenses perdieron 12 500 millones de dólares por fraudes en 2024, lo que supone un aumento del 25 % con respecto al año anterior, y solo las estafas de inversión representaron 5700 millones de dólares. Aunque la recuperación de activos ha requerido tradicionalmente una importante inversión inicial, las tecnologías de inteligencia artificial y blockchain están mejorando drásticamente tanto las tasas de éxito como la rentabilidad para las víctimas que buscan recuperar los fondos digitales robados.
La reciente denuncia del Departamento de Justicia por la confiscación civil de 225,3 millones de dólares en criptomonedas pone de manifiesto esta transformación. Los investigadores utilizaron tanto exploradores de blockchain de código abierto como herramientas comerciales para rastrear los fondos robados a través de cientos de direcciones de monederos de criptomonedas. Consiguieron desentrañar complejas cadenas de transacciones diseñadas específicamente para ocultar el rastro del dinero. El Departamento del Tesoro logró avances similares, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para prevenir y recuperar más de 4000 millones de dólares en pagos fraudulentos el año pasado. Estas ya no son capacidades teóricas, sino que están dando resultados medibles.
La ironía es sorprendente: las criptomonedas, que en su día fueron elegidas por los delincuentes por su anonimato, ahora proporcionan algunas de las pistas más claras para la justicia. Los registros de transacciones inmutables de la cadena de bloques crean pistas de pruebas permanentes que los investigadores pueden seguir incluso a través de capas de ofuscación. La detección de anomalías basada en la inteligencia artificial identifica patrones sospechosos en cuestión de horas en lugar de semanas, lo que reduce los costes de investigación y mejora los resultados.
La Ley Genius, promulgada el 18 de julio de 2025, refuerza aún más esta nueva realidad. Al exigir a los emisores de monedas estables que mantengan reservas líquidas al 100 % y apliquen controles sólidos contra el blanqueo de capitales, la ley integra aún más las criptomonedas en la normativa general. Esta legitimidad hace que los tribunales y las instituciones financieras estén más dispuestos a apoyar los esfuerzos de recuperación relacionados con las criptomonedas. A medida que estas herramientas forenses digitales se convierten en una práctica habitual y los marcos normativos proporcionan respaldo institucional, las víctimas que antes se enfrentaban a barreras insuperables pueden finalmente tener una oportunidad realista de recuperar lo perdido.
John Foster es abogado asociado en la oficina de Miami del bufete internacional Diaz Reus, especializado en litigios. Su experiencia incluye casos de apelación, asuntos federales y derecho corporativo.
Obtuvo su título de Juris Doctor (J.D.) con honores magna cum laude en la Universidad Internacional de Florida y una licenciatura en administración de empresas en la Universidad de Florida.
Su carrera jurídica comenzó como asistente legal de la jueza Melanie May en el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito. También realizó prácticas con la magistrada Alicia Valle en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y en Fresh Del Monte Produce, donde trabajó en cuestiones de cumplimiento y contratos.
En la actualidad, John centra su práctica en el ámbito de los litigios, aplicando la perspectiva adquirida gracias a sus diversas experiencias en los ámbitos judicial y corporativo.
