Por Javier Coronado Diaz.
El 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. («OFAC») anunció una medida sin precedentes: la designación del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, junto con varios miembros de su entorno cercano, bajo la Orden Ejecutiva 14059, que autoriza sanciones económicas contra personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito mundial de drogas.
Más allá del impacto geopolítico de estas sanciones, las instituciones financieras y otras organizaciones deben tener en cuenta la proyección extraterritorial del régimen de sanciones de EE.UU. y los riesgos de cumplimiento que ahora enfrentan en sus transacciones que involucren a Colombia.
Este artículo describe el fundamento legal de la designación, sus efectos prácticos y las implicaciones de cumplimiento que deberán considerar tanto las instituciones colombianas como las extranjeras que operan en Colombia.
