El 16 de marzo de 2020, la Red para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (¨FinCEN¨, como es conocida en inglés) emitió una declaración pública alertando a las instituciones financieras sobre “comportamiento ilícito conectado con el COVID-19”. Específicamente, FinCEN señaló las siguientes “tendencias emergentes”:
1. Estafas de Impostores: los criminales suplantan a agencias del gobierno, organizaciones internacionales, y organizaciones de la salud, para solicitar donaciones, hurtar información personal, o difundir software malicioso.
2. Estafas de Inversión: los estafadores representan falsamente que los productos o servicios de compañías que cotizan en bolsa pueden prevenir, detectar, o curar el coronavirus.
3. Estafas de Productos: compañías venden productos no aprobados o mal etiquetados que transmiten informaciones falsas acerca del COVID-19; o comercializan fraudulentamente productos relacionados con el COVID-19 como mascaras faciales.
4. Utilización Indebida de Información Privilegiada: infiltrados llevan a cabo transacciones basados en, o comparten con otros, información material no pública acerca de los impactos negativos del COVID-19 en el desempeño financiero de acciones.
En consecuencia, FinCEN sugirió a las instituciones financieras “mantenerse alerta sobre transacciones fraudulentas o maliciosas similares a las que ocurren con ocasión de los desastres naturales”.
Comentario de DRT
Desafortunadamente, los criminales ven la emergencia internacional causada por el nuevo coronavirus como una oportunidad para aprovecharse de sus víctimas. Individuos y compañías deben preocuparse por familiarizarse con las tendencias emergentes identificadas por FinCEN para que puedan detectar actividad criminal y alertar a los organismos de seguridad.
Adicionalmente, las instituciones financieras deben actualizar sus programas de cumplimiento y prácticas de debida diligencia con la declaración del 16 de marzo de 2020 de FinCEN porque presenta un adelanto sobre la visión que tiene FinCEN sobre la aplicación de la Ley del Secreto Bancario (“BSA”, por sus siglas en inglés) bajo las circunstancias actuales. En particular, la declaración de FinCEN será determinante para definir si FinCEN u otra agencia del Gobierno de EE.UU. inicia alguna acción legal contra la institución financiera y/o sus representantes por no presentar los reportes de actividad sospechosa correspondientes por transacciones relacionadas con el COVID-19.
