Por Javier Coronado
Desafortunadamente, los criminales ven en la emergencia causada por el coronavirus una oportunidad para lucrarse. Por esta razón, ha incrementado notablemente el riesgo de que las empresas e instituciones financieras sean víctimas de distintos tipos de fraude, incluyendo la suplantación de agencias del gobierno y contrapartes comerciales para solicitar dineros, hurtar información personal, o difundir software malicioso (estafas de impostores); las representaciones falsas acerca de los productos o servicios de compañías que cotizan en bolsa (estafas de inversión); la venta de productos no aprobados o mal etiquetados que transmiten informaciones falsas acerca del COVID-19 (estafas de productos); las ventas de productos de primera necesidad a precios indebidos (especulación); y el uso de informaciones no públicas sobre las compañías por parte de sus colaboradores (utilización indebida de información privilegiada). También ha incrementado el riesgo de que la representación legal de las empresas y sus oficiales de cumplimiento sean investigados penalmente por el delito de omisión de control, pues las actividades de lavado de dinero se han visto potencializadas durante la pandemia. Estas actividades incluyen la facturación fraudulenta, la evasión fiscal, el flujo ilegal de efectivo, oro, diamantes y bienes ilícitos en zonas de frontera; y el empleo de las criptomonedas para ocultar el origen ilícito de fondos provenientes del delito.
