El 17 de abril de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”, por sus siglas en inglés) incluyó al Banco Corporativo S.A. (“BANCORP”) y a Laureano Ortega Murillo en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista “SDN”, por sus siglas en inglés) conforme a la Orden Ejecutiva 13851 emitida el 27 de noviembre de 2018 por el presidente Donald J. Trump.
BANCORP fue designado por su apoyo a la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo y a ciertas “transacciones que involucran corrupción de, a favor de, o de otra manera relacionadas con el Gobierno de Nicaragua o un oficial actual del Gobierno de Nicaragua.” Adicionalmente, la OFAC señaló que BANCORP estaba siendo utilizado por el régimen del presidente Daniel Ortega para lavar y esconder dineros pertenecientes a Alba de Nicaragua, S.A. (ALBANISA) y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); y para suministrar servicios bancarios a personas que habían sido sancionadas anteriormente por la OFAC. La OFAC señaló también que “BANCORP, como subsidiaria de ALBANISA, se encuentra en ultimo termino bajo la propiedad de PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PdVSA) y, como tal, estaba bloqueada por efecto legal luego de la designación de PdVSA el 28 de enero de 2019”.
Laureano Ortega Murillo fue designado por su participación en ciertos actos de corrupción como Asesor para la Promoción de Inversiones de la agencia del gobierno nicaragüense ProNicaragua. La OFAC señaló que Ortega Murillo participó en el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y usó su posición para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planeada para el canal.
En consecuencia, toda propiedad o interés en propiedad de BANCORP y Laureano Ortega Murillo que se encuentre dentro de, o transitando por, la jurisdicción de EE.UU. ha sido bloqueada. Adicionalmente, si no están autorizadas por una licencia general o especifica emitida por la OFAC, las personas de EE.UU. tienen prohibido participar en transacciones con las personas designadas o con entidades en las que ellas tengan, directa o indirectamente, un 50% o más de interés accionario.
