Diaz Reus International Law Firm & Alliance ha sido incluido en la prestigiosa guía anual 2022 Global Investigations Review, la GIR 100.
La GIR 100 es una guía de los principales despachos del mundo a los que acudir durante el ciclo de vida de una investigación y sus consecuencias. Sobre la base de una amplia investigación, el GIR selecciona 100 despachos de abogados y 12 consultorías de investigación a nivel mundial, capaces de gestionar investigaciones internas y transfronterizas sofisticadas, dirigidas por los gobiernos, así como las negociaciones de acuerdos, o los juicios relacionados con empresas y particulares.
Para los asesores jurídicos de las empresas, saber a qué escritorio juridico recurrir en caso de crisis, a veces en un momento dado, es de suma importancia. En los casos más extremos, conseguir el asesoramiento externo adecuado -con personal experimentado en los lugares necesarios- puede significar, para una empresa sometida al escrutinio del gobierno, la diferencia entre hundirse o mantenerse a flote. Además, se necesitan abogados penalistas de primera categoría para representar a las personas involucrados en esas investigaciones como testigos o sospechosos.
GIR100 comentó que «Díaz Reus ha tenido mucho trabajo asesorando a personas implicadas en investigaciones estadounidenses sobre corrupción en la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El bufete asesoró a Edoardo Orsoni, antiguo consejero general de PDVSA, que se declaró culpable por su papel en un esquema de sobornos, según informó anteriormente GIR. En abril de 2021, Orsoni fue condenado a tres años de libertad condicional, evitando así la cárcel.
Dias Reus también representó a Héctor Núñez Troyano, un ex funcionario de PDVSA que se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de participar en un esquema de sobornos que involucró a la empresa de asfalto Sargeant Marine, con sede en Florida, informó GIR en 2020. En 2020, la empresa llegó a un acuerdo con el DOJ y acordó pagar 16,6 millones de dólares para resolver los cargos. Los fiscales estadounidenses acusaron a Núñez, junto con varios otros funcionarios de PDVSA, de recibir sobornos de los ejecutivos de Sargeant Marine.
Recientemente, el bufete ha representado al ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade, mientras coopera con el DOJ en un caso abierto contra su sucesora, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa. La pareja fue declarada culpable en diciembre de 2022 de aceptar millones en sobornos y mover el dinero a través de Florida.
Además de asesorar a particulares en algunas de las mayores investigaciones de corrupción del Departamento de Justicia, el bufete está ayudando a gobiernos latinoamericanos afectados y a entidades estatales a recuperar activos perdidos.
Díaz Reus fue contratado por la administración de Juan Guaidó para localizar e incautar activos supuestamente robados al gobierno venezolano, y asegurar la restitución en casos de soborno extranjero presentados contra ex funcionarios del gobierno bajo los regímenes del difunto presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro.»