La designación de los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos ha redefinido el mapa de riesgo para cualquier empresa con operaciones en México o con vínculos comerciales con compañías mexicanas. Lo que antes se gestionaba como un asunto de seguridad o de prevención de lavado de dinero hoy se ubica en el terreno —mucho más severo— del derecho antiterrorista.
Para entender qué significa este cambio y cómo deben prepararse las organizaciones, conversamos con Isabela Hernández-Peredo, asociada de Diaz Reus International Law Firm, con experiencia en litigios complejos, resolución de controversias comerciales y asuntos internacionales; y con Hilel Silvera, abogado mexicano con más de 20 años asesorando a empresas nacionales e internacionales en litigios, asuntos corporativos y estrategias legales de alta complejidad. Ambos coinciden en un mensaje central: el costo de no anticiparse hoy es mucho mayor que el de actuar.
