Resumen del seminario web organizado por GC Elite (21 de julio de 2026) con los abogados de Díaz Reus Javier Coronado Díaz, Pedro Fragoso Pires e Isabela Hernández-Peredo, y el investigador de DRT Investigations Brian Smith.
Antes de que nuestro panel pronunciara una sola palabra el 21 de julio, la audiencia ya nos había revelado algo importante.
De los asesores jurídicos generales, responsables de cumplimiento y profesionales jurídicos de alto nivel que se inscribieron desde toda América Latina, Estados Unidos, Europa, África y el Medio Oriente, el 75 % indicó tener operaciones significativas o limitadas en América Latina. Sin embargo, más de la mitad (56 %) se describió a sí misma como limitada, no preparada o simplemente insegura respecto a su capacidad para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Y cuando se les preguntó cuál era su pregunta más apremiante sin respuesta, el 53 % dio la misma respuesta: necesitamos comprender nuestras obligaciones ante la OFAC y la SDGT en la práctica, no solo en teoría.
Eso es exactamente lo que el seminario web se propuso abordar.
¿Qué cambió y por qué es importante ahora?
Brian Smith, exagente especial de la DEA y actualmente en DRT Investigations, comenzó su intervención contextualizando este cambio. Las designaciones como «FTO» (organización terrorista extranjera) se reservaban históricamente para organizaciones terroristas impulsadas por motivos ideológicos. Lo que ha cambiado es el alcance: el gobierno de EE. UU. ha ampliado ahora el marco a las organizaciones criminales transnacionales cuya característica definitoria es la violencia y la actividad delictiva, incluidos los cárteles de narcotráfico que operan en América Latina. La consecuencia es que la OFAC y todo el aparato de aplicación de la ley del gobierno de EE. UU. pueden ahora actuar contra estas organizaciones y contra cualquier persona relacionada con ellas.
La doctrina del apoyo material es el concepto clave para las empresas. Es amplia, se interpreta de manera expansiva y se extiende a conductas que ocurren íntegramente fuera de Estados Unidos. Es fundamental señalar que no requiere intención. El concepto de «ceguera deliberada» —saber que existe un riesgo y optar por no actuar al respecto— es suficiente para incurrir en responsabilidad. Como lo expresó claramente Javier Coronado, socio de Díaz Reus: si su organización ha escuchado rumores sobre el pago de extorsiones y no ha tomado medidas, eso podría ser suficiente para desencadenar una investigación.
Más allá de los pagos por extorsión
El caso de Chiquita Brands es el que la mayoría de los directores jurídicos asocian con la responsabilidad por apoyo material: una empresa que realiza pagos de protección a una organización designada. El mensaje de Javier Coronado fue que el marco ha reafirmado esta consecuencia al tiempo que amplía su alcance para abordar riesgos legales adicionales.
Los fiscales e investigadores de EE. UU. están investigando actualmente casos de apoyo material relacionados con la logística, es decir, empresas que brindan apoyo operativo a las actividades de los cárteles sin realizar nunca un pago directo. Tras la aplicación de las medidas contra el fentanilo a tres de las instituciones financieras más grandes de México (lo que resultó en su liquidación efectiva), el mensaje para las empresas es claro: las designaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) tienen consecuencias que se propagan por todo el ecosistema comercial.
