La abogada Tamara Adrián, antes de ganar un escaño en la Asamblea Nacional como opositora, certificó la legalidad de una serie de préstamos a la estatal Petróleos de Venezuela, esquema que la justicia estadounidense hoy dice fue utilizado para malversar $4,500 millones, en lo que es considerado como el mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora.