Por María José Uribe González, abogada asociada de Díaz Reus en Bogotá.
El pasado 18 de enero de 2022, el presidente de la República sancionó la Ley 2195 de 2022, la cual tiene por objeto prevenir los actos de corrupción y reforzar la coordinación y articulación de las entidades del Estado para formar un sistema que indemnice y resarza los daños causados.
La nueva ley trae consigo una serie de disposiciones que pretenden regular, desde lo administrativo, la responsabilidad de las personas jurídicas por corrupción en Colombia. Esto hace a un lado la idea de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al menos respecto de actos de corrupción. En mi concepto, una idea acertada y coherente.
